Reflexiones de un productor por Hugo Sigman: Razones para tener en cuenta

Tras identificar el cambio radical que ha experimentado el maparural argentino y los prejuicios ideológicos en conflicto, el autordiferencia claramente los resultados en general satisfactorios obtenidospor la agricultura, de la difícil situación que atraviesa el sectorde carnes y lácteos. Considera que aun siendo buenas las intencionesdel gobierno, la instrumentación de sus medidas ha terminadopor perjudicar a todos. Propone en fin medidas concretas parauna política coherente hacia el sector agropecuario.

Me desempeño en distintos ámbitos empresariales, como el químico-farmacéutico, la industria cultural y las actividades forestales y agropecuarias. Desde esa condición he participado y disfrutado con orgullo de la recuperación económica y social del país iniciada en 2002. Como argentino, me congratulo de que nuestro país se encuentre mejor armado que en otras épocas ante las amenazas de la crisis económica internacional. La combinación virtuosa de crecimiento económico, balanza comercial internacional favorable, superávit fiscal y fuertes reservas en divisas, permite afrontar las dificultades con buenas perspectivas.

No obstante, en las últimas semanas, a partir de lo que se dio en llamar “la crisis del campo”, el cariz que ha tomado la situación económica y política en nuestro país ha comenzado a preocuparme. En realidad, creo que la crisis del campo puede tomarse como referente de un fenómeno más general, ya que de su manejo y resolución podrá discernirse el modelo de país al que nos dirigimos.

Desde mi punto de vista, el actual conflicto del campo tiene un doble origen. Uno, ideológico, que determina cómo ve el gobierno al campo, por un lado, y qué derechos le adjudica éste al Estado, por otro. El segundo factor es obviamente económico. Ambos están entrelazados.

El ideológico, latente durante años, comienza a evidenciarse en la crisis de 2001 como resultado de la aplicación de retenciones a las exportaciones de cereales y derivados bovinos (ver cuadro, pág. 16) para mejorar las cuentas fiscales (1) y para lograr que los precios internos de los alimentos no resulten influenciados por los precios internacionales, de modo de garantizar el acceso de la mayoría de los ciudadanos a la alimentación. Esta política afectó la rentabilidad del sector agropecuario, una parte del cual –minoritaria, pero importante– considera que el Estado no tiene derecho alguno a entrometerse en sus negocios ni a apropiarse de parte de sus beneficios. Clara y clásicamente, una confrontación entre un modelo más estatista y otro más liberal de la economía.

A raíz de estas diferencias, el diálogo entre el gobierno y el sector agropecuario se fue dificultando y por momentos llegó a ser casi inexistente. Predominó entonces la confrontación, abonada en los prejuicios y las “fotos” del pasado.

Percepciones distorsionadas

Aunque tanto en la Secretaría de Agricultura, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) los funcionarios conocen perfectamente la realidad presente y tienen una visión moderna del campo, desde el inicio de las diferencias entre la dirigencia rural y el gobierno predominó en este último la caracterización histórica del peronismo sobre el sector: ideológicamente reaccionario, insensible a las necesidades de los demás y tecnológicamente atrasado. En la dirigencia rural, por su parte, comenzó a circular la idea de que nos dirigíamos a un modelo estatista, con riesgo de mayor intervención del Estado, incluso sobre los derechos de propiedad. En consecuencia, el gobierno decidió su política para el sector casi en solitario, sin consultas ni acuerdos con los ruralistas. Esta percepción ideológica mutua desembocó en el último conflicto y determinóque el diálogo del Estado resultase casi inexistentecon la Sociedad Rural y ConfederacionesRurales Argentinas, y dificultosoy con altibajos con la FederaciónAgraria y Coninagro.

En el diálogo entre el gobierno y el sector agropecuario predominó la confrontación, abonada en los prejuicios y las “fotos” del pasado.

El aspecto económicode la discusión estuvo influido, comose ha dicho, de una parte por la evoluciónde los precios internacionales, queabren a los productores expectativas demayores ganancias, y de otra, por las medidasque tomó el gobierno para aumentarsu recaudación y desvincular los preciosinternacionales de los internos.

Esta situación de no-diálogo, no-consulta, en definitiva de no-análisis en detalle de las circunstancias y objetivos particulares y generales determinó, en los hechos, que en los últimos seis años en “el campo” se generaran tanto ganadores como perdedores económicos.

Necesaria diferenciación

Por lo tanto, para analizar el conflicto y llegar a soluciones de mutuo beneficio es necesario realizar una apertura de lo que se llama sector rural, empezando por dividir la palabra agropecuario. Un resultado ha sido el obtenido por el sector agro y otro el del sector pecuario. Con el aumento del precio de los cereales y sus derivados industriales –aceites y biocombustibles– el agro ha tenido muy buena rentabilidad, a pesar de las retenciones. Pero el sector pecuario, leche y carnes bovinas, ha tenido un pésimo resultado económico.

También es necesario diferenciar entre “productores”, ya que existen grandes, medianos y economías rurales familiares. Les ha ido mejor a los primeros y peor a los últimos. Otra división necesaria para el análisis es entre zonas de producción agraria o pecuaria: en las zonas centrales los resultados han sido mucho mejores que en las marginales, donde los rendimientos por hectárea son mucho menores y los costes, principalmente de fletes, mucho mayores.Si por último del conjunto del sector se distinguen productores agrarios, productores pecuarios, industrializadores (frigoríficos, usinas lecheras y productores de aceites y biocombustibles) y comercializadores (en particular propietarios de silos y exportadores), resulta evidente que los industriales y comercializadores del sector se han apropiado, como resultado de la política del gobierno, de parte sustancial de los beneficios de los productores pecuarios o agrarios.

Determinar quiénes han sido los perdedores en los últimos años es importante, porque ésa es la causa de la inusual unidad que mostró el sector agropecuario en este conflicto.

Algunos ejemplos. Para sujetar los precios internos, el gobierno concibió el mecanismo de fijar el precio de venta de los productores agrarios y pecuarios a los industrializadores y comercializadores. Para la carne y el trigo, el precio fijado al productor fue menor que los precios de exportación, menos retenciones. En el caso de la carne, en el mercado internacional el precio de la “cuota Hilton” trepó en los últimos años de 8.000 a 18.000 dólares por tonelada; el de los cortes convencionales subió por su parte de 2.000 a 3.000 dólares por tonelada. Pero debido al mecanismo de precios, el productor pecuario no disfrutó de esos aumentos, de los que se apropiaron los frigoríficos. Tanto, que varios de ellos se cotizaron y vendieron a buen precio a capitales brasileños (2).

En el caso del trigo de exportación, 85% de la producción cotiza al precio FAS (free alongside sheep), menos la retención. El productor agrario vende a los molinos y acopiadores al precio fijado por la Secretaría de Comercio y luego cobra un subsidio igual al 85% de la diferencia entre el precio FAS, menos retenciones y el precio que le pagaron. Este subsidio lo paga la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), con demoras de hasta 180 días. Sin embargo, los exportadores compran al precio interno fijado para el trigo y cobran al precio FAS, menos retenciones. De este modo, alrededor de 250 millones de dólares por año quedaron en manos de los pocos exportadores autorizados (uno de los reclamos de los productores agrarios es la apertura del registro de exportadores) y no en los bolsillos de los productores, ni en la recaudación fiscal.

Para la soja, girasol y maíz la retención a la exportación del poroto y el grano es un 4% mayor que la del aceite y cerca de un 20% más que la de los biocombustibles, pero el precio de compra al productor es siempre el de exportación del poroto o el grano. Teniendo en cuenta que en el caso de la soja se exporta como aceite el 50% de lo producido y que la exportación de biocombustibles redondea ya los 200 millones de dólares anuales, la transferencia de ingresos no resulta menor.

Estos tres casos hacen que tanto el productor agrario como el pecuario afirmen que perdieron injustificadamente frente a otros sectores. Muchos de ellos entienden y hasta comparten las intenciones del gobierno, en particular la de mantener accesibles los alimentos al conjunto de la población, pero señalan que fueron instrumentadas de un modo tal que los beneficiarios no resultaron ni ellos ni la administración.

De la ganadería a la agricultura

Hay otros factores para considerar. En los últimos seis años se produjo un cambio radical en el mapa productivo argentino: la sustitución de tierras dedicadas a la ganadería por la agricultura, impulsadas por la mejor rentabilidad de ésta. Un resultado, entre otros, es que en Argentina el número de cabezas bovinas se mantiene más o menos estable, en alrededor de 55 millones desde hace 20 años, mientras en el mismo período Brasil pasó de 65 a 190 millones de cabezas.

En el partido de Bolívar, centro de la provincia de Buenos Aires, la superficie sembrada para agricultura pasó de unas 10.000 hectáreas promedio entre 1984 y 2003, a 180.000 hectáreas en 2007, sobre un total de 500.000 hectáreas. La ganadería pasó a ocupar las zonas bajas del partido y a compartir con el agua de inundación casi la totalidad de la superficie con esas características. En el partido de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, tradicionalmente ganadero, el avance de la agricultura –principalmente la soja– sobre los campos de loma y media loma determinó que ahora el 30% de las mejores tierras de engorde se destine a la agricultura o la chacra. La ganadería bovina se ha ido concentrando en zonas de campo de inferior calidad. Lo mismo ocurre en otros partidos de la Cuenca del Salado y en varias zonas del país, con el siguiente peligro futuro de una pérdida general de calidad de la producción argentina de carne bovina.

La ganadería desplazada se ha ido concentrando en estos últimos años en las zonas bajas de los campos agrícolas y en áreas llamadas marginales, es decir no aptas para la agricultura: noroeste y noreste argentinos (NOA, NEA), Patagonia, sur de San Luis, etc. Independientemente de cualquier medida tomada por el gobierno hasta hoy, la actividad pecuaria es menos rentable que la agricultura y de inversión de capital más prolongada; por tanto menos financiada por instituciones bancarias. En esas zonas el primer ternero se obtiene de una vaca con tres o cuatro años y durante ese período el capital se mantiene sin rendir. Los suelos de esas regiones tienen posibilidades de mejorar –en algunos casos implantando pasturas subtropicales; en otros con silos, etc.– lo que les permitiría pasar de zona de cría, la actividad menos rentable de la ganadería, a producir novillitos terminados. Pero para esto último debería determinarse una política, hasta hoy ausente.

El otro fenómeno novedoso de estos últimos años es que el 60% de los animales se terminan de engordar en feed lots, una actividad rentable para los que la combinan con la producción de maíz.

Es necesario dedicar un párrafo a los productores de leche, los tambos, cuya situación es dramática. Con el precio actual al productor, lisa y llanamente éste pierde dinero. Y cuanto más pequeño es, más pierde. Es por eso que día a día los tambos van cerrando; otros apenas sobreviven y algunos, los muy grandes o los que tienen explotaciones mixtas con agricultura, van tirando. Al igual que con la carne en los primeros años de la gestión Kirchner, se consiguió fijar un precio interno de la leche y sus derivados, pero últimamente hay quejas de los consumidores, ya que los precios sugeridos por el gobierno no se aplican. La industria, por su parte, no tiene una situación floreciente, a pesar del incremento del precio de la leche en el mercado internacional. Resumiendo, para el sector lechero la política gubernamental ha derivado en tamberos arruinados, usinas lácteas en pérdidas y consumidores insatisfechos.

La combinación de precios relativos entre la agricultura y la ganadería dedicada a carne o a leche y las medidas tomadas por el gobierno pensadas para favorecer el acceso de los ciudadanos a esos alimentos, hacen que la actividad ganadera en general sea no ya menos rentable, sino deficitaria. Este sector ha sido el gran perdedor y ésa, más allá de toda ideología, es la causa de su gran fastidio con la realidad y con el gobierno.

Debe decirse que antes de la crisis, en 2007, el gobierno intentó una corrección y anunció compensaciones para los productores de carne, leche y trigo por aproximadamente 500 millones de dólares, medida recibida de un modo positivo. Pero a causa de las características de funcionamiento del Estado, los productores agrariosy pecuarios cobraron sólo 100 millonesde dólares; el resto fue para muy pocasgrandes empresas productoras de aceites yusinas lecheras.

En Argentina, el número de cabezas bovinas se mantiene en cerca de 55 millones desde hace 20 años, mientras Brasil pasó de 65 a 190 millones.

Quienes menos recibieronfueron los pequeños y medianos productores, aquellos que en muchos casos nopudieron cumplir con el fárrago burocráticoo los que, según manifestación de lospropios funcionarios, fueron víctimas de lafalta de personal para revisar sus papeles.Por esta circunstancia es que aun esa buenamedida del gobierno acabó generando suspicaciay desconfianza entre los productores, que una vez más habían resultado perdedoresen la distribución del ingreso.

La decepción de los pequeños

Representados principalmente por la Federación Agraria Argentina (FAA), los 333.000 pequeños productores del país, que cubren el 53% del empleo rural y trabajan 23, 5 millones de hectáreas –el 13, 5% del total de las explotaciones– estuvieron en principio identificados con el gobierno anterior y confiaban en el actual. Comenzaron a recelar de las autoridades porque la promesa de crear la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar no se concretaba, porque los fondos prometidos no llegaban, porque no les otorgaban cargos en dependencias gubernamentales y porque no se concretaba un conjunto de medidas administrativas –como el Monotributo Social para la Agricultura Familiar– que les permitiría formalizar la actividad económica y disponer de cobertura médica, acceder al sistema jubilatorio, etc. Acabaron por dejar de ser aliados del gobierno. En esas circunstancias y en ese clima, el gobierno decidió modificar las retenciones y anunció en marzo pasado, poco antes de la cosecha, un nuevo sistema móvil, por el cual subían las de la soja y apenas bajaban las del trigo y maiz. El sistema propone un gran cambio. Limita la ganancia aunque el precio internacional de la soja suba y hace imprevisible el mercado de futuros, entre otros problemas. Es evidente que hubiera sido mejor consensuarlo previamente y acompañarlo con anuncios positivos para los sectores rurales más frágiles. Pero la urgencia recaudatoria y la mutua desconfianza impidieron el diálogo.

El cambio en el régimen de retenciones llegó además en un momento en que los costos de la producción agraria estaban cambiando. Hasta fines de 2006 los costos eran bajos debido a las subvenciones del gobierno a los combustibles y a un control efectivo de los precios de fertilizantes y agroquímicos. Pero en 2007 esa tendencia comenzó a revertirse, a causa del relajamiento en el control de precios: hoy es difícil, si no imposible, encontrar el gasoil al precio indicado por el gobierno, por ejemplo. Entre los fertilizantes, la urea duplicó su precio; el fosfato diamónico y el herbicida más usado –el gifosato– casi lo triplicaron. Los fletes subieron, al punto que transportar desde el campo al puerto el producto de una hectárea de maíz (aproximadamente 8 toneladas), cuesta casi lo mismo que producirlo. La inflación llegó al campo.

Propuestas

A nuestro entender, lo señalado sucintamente hasta aquí ha sido el factor determinante del paro agrario. Las distintas posiciones ideológicas, más los perdedores –tanto a causa de la realidad como por las medidas del gobierno– catalizados por una medida anunciada en un momento inoportuno, acabaron por enfrentar a la gran mayoría del sector rural con la administración Kirchner. Sin embargo, esta confrontación ha dejado un elemento positivo. En el momento de escribirse este artículo, mediados de abril, el gobierno y el ruralismo se habían sentado a hablar, aunque el diálogo encontraba dificultades. Se discutían medidas de corto y largo plazo, es decir, se estaba comenzando a rediseñar la política para el sector.

Se habían anunciado ya incluso algunas medidas que a nuestro modo de ver mejoran lo existente: creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agri- cultura Familiar; exclusión de los pequeños productores de las nuevas retenciones; subvención de los fletes para distancias mayores a 450 kilómetros; ampliación del cupo exportador de carne y precios fijos para trece cortes de carne populares; facilitación del cobro de las compensaciones, entre otras.

Es de esperar que los acuerdos se sigan ampliando y se atenúe al menos el espíritu de confrontación, ya que falta bastante para llegar a lo sustancial de esos acuerdos. Entendemos que hay que pensar en una serie de medidas, además de las ya anunciadas por el gobierno, para destrabar el conflicto y poner el sector a producir en armonía con el conjunto del país. Ninguna de ellas es novedosa, pero todas son necesarias:

  1. Así como cuando hay rentabilidad excepcional en el sector, éste y muchos gobiernos del mundo se apropian de parte de la misma, cuando hay crisis se debe hacer lo contrario. El gobierno debe subvencionar la actividad pecuaria de un modo decidido, premiando la retención de vientres, el aumento del peso de faena y la mejora genética, subvencionando a tasas muy preferenciales o con desgravación fiscal el armado de infraestructura: alambres, tractores, mixers, comederos, etc.
  2. Liberar el precio de venta del ganado; obligar a los frigoríficos, dándoles un plazo de adaptación de 120 días, a vender la carne despostada; fijar precios para los 13 cortes populares haciendo un efectivo control de ellos y permitir la libre exportación de la vaca conserva y de los cortes caros. Un sistema parecido al uruguayo, pero con foco en las necesidades alimentarias de nuestros ciudadanos. De este modo se eliminaría la venta en negro, al tiempo que se daría un gran estímulo a la producción, al aumento de cabezas de ganado y a la retención de vientres.
  3. Las retenciones a la soja por encima del 35% deberían considerarse a cuenta de impuestos a las ganancias. Esto ayudaría a evitar la economía informal y premiaría a quien paga impuestos.
  4. Aumentar el precio de corte de la leche subsidiándola en parte, para proteger al consumidor.
  5. Además de las medidas anunciadas destinadas a favorecer a los pequeños productores, se debe poner en marcha el plan para que puedan oficializarse fiscalmente y tener cobertura de salud y jubilación. Deben concretarse además los fondos prometidos para el desarrollo del sector.

Si estas y otras medidas discutidas entre el ámbito agrario y el gobierno se concretaran, Argentina podría al fin combinar el incremento de su actividad agropecuaria con el acceso a los alimentos del conjunto de los ciudadanos. Y, no menos importante, acabar con la absurda y paralizante contraposición campo-industria; interior-Capital Federal.

En su discurso de asunción, la presidenta Cristina Fernández convocó a los argentinos a aunar esfuerzos con la mirada puesta en el Bicentenario, en 2010. El conflicto rural puede dejar como hecho positivo la experiencia común de evitar enfrentamientos innecesarios y la posibilidad de optar entre todos por un modelo de estímulo a la actividad agropecuaria. ?

  1. Este año, los ingresos provenientes de las retenciones agropecuarias serán de alrededor de 40.000 millones de pesos.
  2. Swift-Armour pasó a manos de Friboi por 200 millones de dólares; Quickfood a las de Marfrig, en noviembre de 2007, por 140 millones.

Hugo Sigman © Le Monde Diplomatique edición Cono Sur

Sobre Hugo Sigman
Medio: Le Monde Diplomatique
Fecha: Mayo 2008

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